¿Qué pasó con la responsabilidad civil de las personas jurídicas por los actos de sus agentes o dependientes? Una mirada crítica a la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

Por: Sebastián Escobar Torres – Asociado de Garcíarboleda Abogados y Miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil (IARCE).

 

La causación de daños en el marco de la actividad empresarial es un aspecto que hoy, al menos en la realidad colombiana, se encuentra en plausible revisión. Así las cosas, la responsabilidad civil de las personas jurídicas frente a los daños causados por sus trabajadores, agentes o dependientes, hoy ofrece un panorama discutido y polémico en nuestro país. Repasemos brevemente cual ha sido el tratamiento jurídico que históricamente se le ha dado a este tema y veamos qué vicisitudes han agitado el debate en reciente tiempo frente a esta cuestión.

La evolución de la figura

Como es bien conocido, la primera etapa de la responsabilidad civil de las personas jurídicas frente a los actos de sus agentes o dependientes, se enmarcaba en el régimen de responsabilidad por el hecho de otro o, más precisamente, de responsabilidad indirecta. Así las cosas y con base en el artículo 2347 del Código Civil, una persona jurídica estaba llamada a responder por los daños causados por sus dependientes, siempre y cuando fuese verificado, entre otros aspectos, que ese ente incurrió en una conducta reprochable, en términos de culpa, en la vigilancia o en la selección de ese dependiente. Las voces culpa in eligendo y culpa in vigilando eran entonces las directrices de ese sistema y la responsabilidad de las personas jurídicas en estos eventos, según lo dicho, era indirecta.

Sin embargo, esa solución normativa fue abandonada en la práctica, en vista de que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, frente a este tipo de casos, estimó mucho más adecuado adoptar la denominada “Teoría del Órgano”. En ese sentido y desde el año 1962, la jurisprudencia asumió una posición, según la cual, los actos de los agentes o dependientes de una persona jurídica no podían entenderse como conductas aisladas a los actos de ese ente corporativo, por lo cual, siempre que un agente o dependiente actuara en ejercicio de sus funciones o con ocasión de aquellas, sin importar su cargo, y con ello causara un daño, se vería comprometida la responsabilidad de esa persona jurídica en forma directa. Esta fue la tesis sostenida en forma uniforme por la jurisprudencia por más de 50 años y que, hasta hace poco, vendría a ser cuestionada por una serie de pronunciamientos que, lejos de brindar claridad u orientación, han agitado considerablemente este debate que parecía pacífico.

La problemática actual

La teoría del órgano, solución utilizada desde mitad del siglo XX para resolver las controversias relacionadas con las personas jurídicas y su responsabilidad civil y que, como vimos, implicaba que ese ente veía comprometida su responsabilidad directa cuando uno de sus agentes, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, causaba un daño, ha sido cuestionada en reciente tiempo por dos particulares pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a las sentencias de 7 de octubre de 2015 y 30 de septiembre de 2016, ambas con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ramírez, y en las que se aborda la cuestión de la responsabilidad civil de las personas jurídicas frente a los actos de sus agentes o dependientes.

La sentencia del 7 de octubre de 2015 (Caso de la Diócesis de Líbano-Honda)

La primera providencia a la que nos referimos y quizá la más polémica sobre el particular, es la sentencia que resuelve el recurso de casación interpuesto por la Diócesis de Líbano-Honda, en contra de la decisión de segunda instancia que la condenó solidariamente a indemnizar a una familia, debido a los reiterados actos de acceso carnal que un sacerdote adscrito a esa Diócesis infligió a dos menores de edad.

Aunque la Corte no acogió en forma estricta la tesis sostenida por el Tribunal de instancia y procedió a hacer una rectificación doctrinaria sobre este tema, ratificó la condena solidaria entre la Diócesis (como persona jurídica o “ente moral”) y el sacerdote (como agente o dependiente de aquella) por los daños causados a los menores y su familia.

En esa sentencia, la Corte estimó que una persona jurídica responde civilmente por los daños causados por sus agentes

“en razón o con ocasión de sus funciones, o prevalidos de tal condición, (…) o cuando abusan o incumplen la labor que están llamados a desempeñar”

(La negrilla, paradójicamente, es de la Corte y no nuestra). Así, estimó que el clérigo que accedió carnalmente a los menores lo hizo prevalido de su posición de figura pública, lo que hace “a la diócesis incardinante directamente responsable por las consecuencias civiles de la conducta punible ejecutada por el sacerdote a ella incardinado”, ya que el clérigo desconoció “la misión pastoral que estaba llamado a ejercer”.

Nótese entonces cómo la corporación, en esta providencia, amplía en forma inopinada, estimamos, el ámbito de aplicación de la teoría del órgano y extiende la responsabilidad de las personas jurídicas incluso a aquellos eventos en que un dependiente abuse de sus funciones u obre prevalido de las mismas. Esto, en pocas palabras, consagró una responsabilidad que en la práctica sería ilimitada para las personas jurídicas y lo hizo sin justificar en forma sólida esta nueva posición, que por demás, transformaría un punto doctrinal consolidado por más de medio siglo.

Sobre ese particular pronunciamiento, vale cuestionarnos: ¿Qué significa actuar prevalido de una función otorgada por una persona jurídica? ¿Cuándo se entiende que un agente o dependiente abusa de esa función? ¿Resulta adecuado, en términos de justicia correctiva, ampliar a tal punto la responsabilidad civil de las personas jurídicas? ¿Se abandonó la teoría del órgano, tal y como había sido concebida en forma uniforme por más de 50 años por la Corte Suprema de Justicia? Estos interrogantes aún suscitan debate.

Creemos que este precedente, importante por sus implicaciones y por la connotación del caso debatido, aunque propone una nueva forma de abordar la responsabilidad de las personas jurídicas, parece no justificar en forma adecuada las razones por las cuales se amplía el deber de responder de estos entes frente a los actos de abuso de funciones de sus dependientes. En ese sentido y además de existir dos importantes salvamentos de voto frente a la decisión, creemos que esta posición es inoportuna y debe ser abandonada en forma definitiva por la Corte – si es que ya no fue superada por una sentencia posterior, como veremos – pues acogerla generaría serios problemas de aplicación práctica y desdibujaría radicalmente la responsabilidad de las personas jurídicas frente a los actos de sus agentes, pues ello las haría responder en la práctica, como vimos, por la totalidad de los eventos dañosos que generen sus dependientes, debido a la vaguedad y poca certeza de los conceptos de “abuso de funciones” o de una actuación “prevalida de aquellas”.

Y aunque parezca paradójico, esta posición sostenida por la Corte, con salvedades y cuestionamientos, por supuesto, no ha sido ratificada en forma uniforme por los precedentes que a continuación fueron proferidos por esa corporación. Veremos pues cómo, con ponencia del mismo magistrado, la Corte varía su posición en menos de un año y lejos de aportar al debate, sigue agitando la confusión sobre la materia.

La sentencia del 30 de septiembre de 2016

Otro de los polémicos precedentes que, en reciente tiempo, han sacudido el debate del tema aquí abordado, se encuentra en la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el pasado 30 de septiembre de 2016. En esa providencia se analizó un caso de responsabilidad médica en el que un paciente falleció en una reconocida clínica de Medellín, debido a un diagnóstico errado por parte de los médicos tratantes en sus primeras aproximaciones a las dolencias del paciente. En este caso la Corte casó la sentencia recurrida y, en sede de Tribunal de instancia, tuvo oportunidad de volver a pronunciarse sobre la responsabilidad civil de las personas jurídicas frente a los actos de sus agentes o dependientes.

Sin perjuicio de que esta sentencia, a nuestro juicio, contiene graves yerros en cuanto a la apreciación de los elementos de la responsabilidad civil, especialmente en lo que tiene que ver con la relación de causalidad y los factores de atribución o imputación de la misma, trajo algunas interesantes – aunque contradictorias – consideraciones sobre al tema que ocupa este breve escrito.

Analizando el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas frente a los actos de sus dependientes, la Corte estimó que este tipo de responsabilidad no se activa por la conducta de un agente o dependiente, sino que se atribuye cuando se comprueba la culpa de la persona jurídica en la realización de sus procesos organizativos. Así las cosas, la corporación estimó que la responsabilidad de un “ente moral” no puede depender de “variables altamente difusas y borrosas” como lo son los actos de sus dependientes, sino que, por el contrario, se genera cuando se presenta la denominada “culpa in operando”, esto es, una conducta reprochable en el despliegue de los procesos empresariales de la persona jurídica, cuando esos sistemas o procesos infrinjan “los deberes objetivos de cuidado”.

Como vemos, la Corte continúa añadiendo elementos a la responsabilidad de las personas jurídicas y lo hace, de nuevo, en forma un tanto inopinada. Aunque estimamos interesante la aproximación a los procesos o sistemas de las empresas y a sus eventuales fallas como un elemento generador de responsabilidad, lo cierto es que se trata de un precedente con premisas y conclusiones aisladas y que no definen, en forma organizada, cuál será el correcto entendimiento de esta importante cuestión, ni consolida una línea doctrinal sólida y bien determinada. Solamente se discurre en forma poco ordenada sobre temas novedosos a esta materia, sin que se justifique en forma contundente la utilidad y la motivación de esas pretendidas transformaciones.

Además de lo anterior, resta valor y solidez a este precedente el hecho de que su contenido contradice en forma evidente la posición sostenida en la sentencia de la Diócesis de Líbano-Honda de 2015, lo que implica que ninguna de las dos posiciones hoy se encuentra correctamente consolidada. Ello, pues la sentencia de 2015 concentra su estudio en la conducta del agente o dependiente para endilgar la responsabilidad a la persona jurídica, mientras que, en este reciente pronunciamiento, donde la Corte habría tenido oportunidad de ratificar lo expresado en aquella sentencia, centró su análisis en los procesos organizacionales de una empresa y en la responsabilidad que de su falla se puede derivar.

Y como si fuera poco, acentuando esta evidente contradicción, el precedente de 2016 otorga una amplia relevancia al concepto de culpa de la compañía en el manejo o diseño de esos sistemas de operación, señalando que la persona jurídica podrá demostrar la “diligencia y cuidado socialmente esperables” para eximirse de responsabilidad, contrario a lo que sostuvo en la sentencia del 2015, cuando afirmó que el “ente moral” solo puede eximirse de responsabilidad si demuestra “que el hecho lesivo no existió; que no fue cometido por uno de sus agentes sino que se debió a fuerza mayor, caso fortuito, o culpa exclusiva de la víctima; que no se produjo ningún daño; o que no fue realizado en razón o con ocasión de la función.” Ninguna referencia a la diligencia como eximente de responsabilidad se hizo en aquella sentencia, lo que evidencia los vacíos y contradicciones en que ha incurrido la Corte en reciente tiempo en su aproximación a esta materia.

Conclusiones sobre el futuro de la figura

Como vimos, la posición sobre la responsabilidad de las personas jurídicas que había sido sostenida en forma uniforme por más de 50 años, ha sido objeto de particulares cuestionamientos en reciente tiempo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, creemos que esos pronunciamientos, aunque interesantes en su contenido, carecen de la solidez y la uniformidad requerida para transformar la doctrina que, enhorabuena, había regentado este importante tema en el derecho de daños de nuestro país.

No obstante, es útil que jueces, abogados y académicos sean conscientes de los cambios que la jurisprudencia ha pretendido impartir a esta cuestión, a fin de que esos intentos de modificar la teoría organicista que de antaño se sostenía, pueda contar con aproximaciones críticas que resulten constructivas para fortalecer este debate y desembocar en una solución práctica que sea coherente, sólida y satisfactoria para los agentes que intervienen en su manejo y aplicación.

Creemos, en todo caso, que el precedente del 2015 que aquí fue estudiado, según vimos, es altamente desafortunado y debe ser abandonado en forma definitiva por la jurisprudencia. No en vano se trató de un único pronunciamiento, que hasta ahora no ha sido ratificado en forma sólida y uniforme por la corporación y que en parte fue abandonado por una sentencia proferida tan solo unos meses después.

Por su parte, el precedente del año 2016 trae a colación circunstancias mucho más relevantes y verosímiles que la sentencia del 2015 y aborda una cuestión que, estimamos, es importante. Me refiero a los procesos y sistemas al interior de una persona jurídica y su impacto en la eventual responsabilidad que se pueda endilgar a ese ente, pues en ella, en forma acertada, se le resta importancia a los actos de los agentes y se reconoce la imposibilidad material de controlar esas conductas por parte de las compañías, trasladando así el ámbito de estudio al comportamiento directo de las personas jurídicas y de sus procedimientos operativos. Esta es una apreciación que debe ser construida en forma paulatina y debe ser desarrollada en ulteriores pronunciamientos por parte de la Corte, si es que se pretende acoger en forma definitiva, pero que desde ahora nos deja una aproximación novedosa y atractiva.

En adelante, estos precedentes deben ser considerados en la agenda académica y práctica de la responsabilidad civil y su estudio hoy se estima necesario para una adecuada comprensión de la evolución de esta figura. En todo caso, creemos que la teoría del órgano, tal y como era sostenida desde 1962 por la Corte, aún tiene plena vigencia y su contenido se puede enriquecer en forma eventual con las apreciaciones expuestas en el precedente de 2016 sobre los procesos y sistemas de operación empresarial de una persona jurídica, para efectos de endilgar responsabilidad a este tipo de entes. Reiteramos en todo caso nuestro rechazo a la ampliación realizada por la sentencia del año 2015 en cuanto a los actos “en abuso de funciones” o “prevalidos de ellas”, no solo por ser inconveniente, sino por carecer del sustento y la motivación requerida para transformar una figura que ya se entendía asentada en nuestra realidad.

Creemos que los cambios sobre figuras tan relevantes debe darse en forma organizada, adecuada y paulatina y aunque no nos oponemos a la evolución de las instituciones de la responsabilidad civil, por cuando su marcado carácter social implica un necesario desarrollo, consideramos que, si se estima oportuno abandonar, transformar o “modernizar” la teoría organicista y, en general, la responsabilidad de las personas jurídicas, ello merece un debate juicioso y ordenado y una tarea sin improvisaciones por parte de la jurisprudencia, lo que se ha extrañado, por supuesto, de las sentencias de 2015 y 2016 que aquí hemos revisado.